
Adorni, entre el ajuste forzado y la 'Operación Presencia' para esquivar la polémica judicial
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha puesto en marcha un estricto plan de ajuste en nueve ministerios, exigiendo una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital.
Según trascendió, el pedido fue trasladado a los ministros durante la reunión de Gabinete del pasado lunes en Casa Rosada y alcanza a las carteras de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano.
El plazo para que los ministerios presenten y concreten estos "achiques", que la administración libertaria califica de "mínimos", es el jueves 30 de abril. Esta fecha límite se da en medio de un clima convulsionado para el Gobierno, que busca contener los embates contra el exvocero presidencial, investigado por un posible enriquecimiento ilícito.
Fuentes cercanas a Balcarce 50 indicaron que, tras la polémica por la compra de propiedades y sus viajes, en el círculo íntimo del oficialismo se debatió la necesidad de que Adorni incrementara su exposición en la dinámica de gestión. El objetivo: intentar correr del centro de la agenda la causa judicial que suma nuevos testimonios a diario.
Como parte de esta estrategia de "mostrar gestión", este lunes el ministro coordinador se mostrará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una actividad en el Instituto Malbrán a las 11, escoltados por el ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de un conflicto por falta de pago con prestaciones de PAMI. La imagen de ambos funcionarios podría repetirse el próximo jueves en Vaca Muerta.
Antes de que venza el plazo del ajuste, Adorni deberá hacer frente a su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde recibió más de 4500 preguntas de los bloques opositores. Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció que prepara repudios y protestas en el Malbrán a la espera de la llegada de los funcionarios, aumentando la presión social sobre un Gobierno que, al tiempo que pide austeridad, intenta blindar a uno de sus hombres clave.
Foto: NA