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Caso Florencia Magalí Morales: la querella confirmó nuevas imputaciones por tortura seguida de muerte a los cuatro policías acusados

A seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales en una comisaría de San Luis durante la pandemia, la causa judicial registró avances significativos y se encamina hacia una instancia clave. Así lo confirmó el abogado querellante de la familia, Federico Putelli, en diálogo con Radio Verdad.

Caso Florencia Magalí Morales: la querella confirmó nuevas imputaciones por tortura seguida de muerte a los cuatro policías acusados

A seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales en una comisaría de San Luis durante la pandemia, la causa judicial registró avances significativos y se encamina hacia una instancia clave. Así lo confirmó el abogado querellante de la familia, Federico Putelli, en diálogo con Radio Verdad.

Putelli explicó que el pasado 16 de marzo, en la localidad de Concarán, fueron formalizadas las imputaciones contra los cuatro efectivos involucrados en el caso.

"Se cumplieron seis años y el 16 de marzo en Concarán a los dos masculinos se les imputó tortura seguida de muerte y a las dos femeninas omisión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nosotros apelamos esa resolución y un tribunal de apelaciones hizo lugar a la ampliación de cargos para las mujeres por el delito de tortura seguida de muerte", detalló.

El letrado agregó que a los cuatro policías se les dictó prisión preventiva, aunque una de las imputadas recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones familiares vinculadas al cuidado de un hijo.

Qué ocurrió con Florencia Morales

Florencia Magalí Morales vivía en Santa Rosa del Conlara. El 5 de abril de 2020, en pleno aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, salió de su casa para buscar documentación relacionada con la Asignación Universal por Hijo.

Según explicó Putelli, aunque por la terminación de su DNI no estaba habilitada para circular ese día, decidió hacerlo porque necesitaba realizar trámites vinculados a la manutención de su familia.

"Salió porque necesitaba alimentar a sus hijos y nieto", sostuvo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la querella, tras un altercado con efectivos policiales fue trasladada a la Comisaría N° 25 de Santa Rosa del Conlara, donde quedó alojada en un calabozo.

La investigación sostiene que Morales fue privada ilegítimamente de su libertad y sometida a torturas durante varias horas antes de su fallecimiento.

Un testigo clave

Uno de los elementos más relevantes de la causa es el testimonio de un detenido que compartió parte de la jornada con Morales.

"Había un detenido que es testigo en la causa. Fue retirado de la celda alrededor de las 16 horas y llevado a una oficina administrativa, pero durante todo ese tiempo pudo escuchar a Magalí gritar y pedir por sus hijos", relató Putelli a Radio Verdad.

La muerte de Morales fue registrada entre las 18:30 y las 19 horas de ese mismo día.

Inicialmente, la versión policial indicó que se había tratado de un suicidio dentro del calabozo. Sin embargo, la familia rechazó esa hipótesis desde el primer momento.

Las dudas sobre la autopsia

Putelli también cuestionó las actuaciones realizadas tras el fallecimiento.

"La hermana y el sobrino de Magalí reconocen el cuerpo y se encuentran con lesiones en el cuello. Hubo demoras en la autopsia y eso perjudicó los resultados", señaló.

No obstante, destacó que una de las peritos intervinientes logró descartar la teoría del suicidio planteada inicialmente.

"Una perito determinó que la teoría del suicidio se descarta", afirmó.

Según la querella, la hipótesis más sólida indica que la causa de la muerte habría sido una asfixia mecánica.

Una causa con posible pena perpetua

Actualmente, la investigación se encuentra bajo la carátula de "tortura seguida de muerte", uno de los delitos más graves contemplados por la legislación argentina.

Putelli recordó que esa figura penal prevé la pena de prisión perpetua para los responsables.

El caso de Florencia Morales se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de presunta violencia institucional ocurridos durante las restricciones sanitarias de la pandemia y continúa siendo seguido de cerca por organismos de derechos humanos y por la comunidad de Santa Rosa del Conlara, que reclama el esclarecimiento total de los hechos y justicia para la víctima.

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