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ESCÁNDALO DE BIENES NO DECLARADOS: JUEZ FEDERAL INVESTIGA AL TITULAR DE ARCA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, poco antes de tomar licencia, hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

ESCÁNDALO DE BIENES NO DECLARADOS: JUEZ FEDERAL INVESTIGA AL TITULAR DE ARCA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, poco antes de tomar licencia, hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Vázquez, quien ya estaba en el ojo de la tormenta desde su asunción, enfrenta graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión. Aunque el Gobierno sostiene que los casos anteriores en su contra habían quedado en absolución, esta nueva investigación se centra en la "omisión maliciosa" de tres propiedades de alto valor en Estados Unidos en sus declaraciones juradas patrimoniales, siendo Vázquez una Persona Políticamente Expuesta (PEP).

 

El fiscal nacional de la PIA, Sergio Rodríguez, lidera la pesquisa que pone bajo la lupa compras de bienes realizadas entre 2013 y 2015, periodo en el que Vázquez había declarado poseer tan solo U$S 40.000 líquidos.

 

Los bienes investigados incluyen:

  • Dos unidades en el Complejo Icon Brickell: Adquiridas por U$S 1.110.000 a través de la firma Alcorta Corp, con domicilio en Panamá.
  • Una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles: Comprada por U$S 980.000, utilizando la firma Pompeya Group Corp.

La clave de la investigación reside en el seguimiento de la titularidad de estas empresas, que condujo a una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde el actual funcionario de ARCA figura como el beneficiario final.

 

La decisión de Martínez De Giorgi de impulsar las medidas de prueba antes de su licencia marca un paso significativo en un caso que amenaza con sacudir la cúpula de la administración pública.

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