Escribanos de Córdoba advierten sobre riesgos de seguridad jurídica ante el uso de la "Firma CiDi"
Lidia Lasagna, titular del Colegio de Escribanos de Córdoba, cuestionó la implementación de la nueva herramienta gubernamental para actos de relevancia patrimonial, señalando falencias críticas en la validación de identidad y capacidad legal.
En medio del avance hacia la digitalización de trámites, la presidenta del Colegio de Escribanos de Córdoba, Lidia Lasagna, sentó una postura firme frente al lanzamiento de la herramienta "Firma CiDi". Si bien la referente destacó que el sector no se opone a la modernización, alertó sobre la necesidad urgente de ajustes técnicos para preservar la seguridad jurídica.
Los puntos críticos del sistema
En declaraciones a Radio Verdad, Lasagna fue tajante respecto a las limitaciones de la plataforma: "La firma CIDI lo dispuso el gobierno nacional en principio para los funcionarios públicos, pero luego dijeron que sería válida para un contrato de compra venta; lo que cuestionamos es que es una firma electrónica que puede traer consecuencias jurídicas, cuyas consecuencias desconoce la gente. El problema es que no hay seguridad".
La titular de los escribanos advirtió que el sistema actual implementado en la plataforma provincial carece de mecanismos robustos para certificar fehacientemente la identidad de los firmantes. Según su análisis, la herramienta es incapaz de validar elementos esenciales en actos contractuales, tales como:
- La capacidad jurídica de las partes.
- El discernimiento de quienes intervienen.
- La libertad real al momento de celebrar un contrato.
El rol del escribano como garantía
Frente a la automatización de estos procesos, Lasagna defendió la vigencia de la función notarial como un escudo ante posibles fraudes o abusos. "Las personas pueden hacer cualquier firma, pero el escribano les da más seguridad al certificar la firma y evaluar que la persona tenía voluntad y capacidad para que firme", enfatizó.
Como propuesta constructiva, desde el Colegio de Escribanos plantean la necesidad de incorporar de manera activa la validación profesional en aquellos actos que impliquen una mayor relevancia patrimonial o legal.
En definitiva, la postura de la entidad no busca frenar la modernización, sino encontrar un equilibrio que permita simplificar trámites sin debilitar la validez de los actos jurídicos, protegiendo así al ciudadano de las implicancias legales desconocidas que podría acarrear el uso indebido de firmas electrónicas sin control.
