La Justicia Federal frenó la eliminación del programa "Volver al Trabajo" y ordenó al Gobierno continuar con los pagos
El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la interrupción del programa "Volver al Trabajo" (ex Potenciar Trabajo), prevista para el mes de mayo.
La decisión judicial es un revés para el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, ya que ordena al Ministerio de Capital Humano a mantener los pagos de $78.000 a 951.781 beneficiarios de todo el país.
La medida suspende la eliminación del programa hasta que se dicte una sentencia definitiva, al considerar que la decisión del Poder Ejecutivo afectaba derechos básicos de sectores vulnerables. El fallo obliga a la cartera dirigida por Sandra Pettovello a mantener en vigencia las prestaciones económicas en un plazo no mayor a tres días de la notificación.
La resolución judicial, revelada por el diario Ámbito, subraya que "el corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor".
El Juzgado también desestimó la propuesta del Gobierno de reemplazar el programa por un sistema de vouchers de capacitación, argumentando que no son equivalentes a la asistencia económica actual. "La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían", sostiene el texto.
Victoria para la UTEP
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), celebraron la decisión judicial, a la que calificaron como una "victoria" y una "barrera de protección" para los más de 950 mil "laburantes" de la economía popular.
"Este fallo es un límite contundente al plan de miseria planificada", destacaron desde la organización, y remarcaron que el programa cumple la función de garantizar un "ingreso mínimo de carácter alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral".
La UTEP enfatizó que el Salario Social Complementario "nunca fue un privilegio" sino una conquista para complementar el trabajo diario. "Este Gobierno pretendía desnaturalizar nuestro trabajo para entregarnos a la indigencia, pero la Justicia frenó ese atropello", agregaron.
Finalmente, la organización social calificó el fallo como el resultado de "no haber bajado los brazos en cada olla popular, asamblea y corte de ruta" y se pronunció en "estado de alerta y movilización para garantizar que se cumpla efectivamente".
