Reforma de la Ley de Glaciares: Riesgo de Megaminería y la Denuncia de Intereses Corporativos
El Gobierno nacional impulsa cambios en la Ley 26.639 que podrían reducir drásticamente las áreas protegidas y facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en ambientes periglaciares, en una movida que, según especialistas, responde a intereses de corporaciones internacionales.
El debate en torno a la Ley de Glaciares (Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial) ha escalado ante la iniciativa del Gobierno nacional de introducir modificaciones que, según denuncian organizaciones ambientales, buscan abrir la puerta a la megaminería y otras actividades productivas en zonas actualmente resguardadas.
La propuesta clave de la reforma apunta a redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial. Se busca proteger solo aquellos cuerpos de hielo con una función hídrica "relevante" y "comprobable" para una cuenca, una medida que, de aprobarse, dejaría sin protección a miles de glaciares de menor tamaño y manchones de nieve. El cambio permitiría realizar actividades industriales y de exploración minera e hidrocarburífera en zonas del ambiente periglacial donde hoy rige una prohibición absoluta.
Otra modificación central es la "federalización de la autoridad", que pretende que cada provincia decida qué áreas proteger y qué actividades autorizar mediante estudios de impacto ambiental locales, lo que restaría peso al Inventario Nacional de Glaciares y al rol científico del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
En diálogo con Radio Verdad, el biólogo y presidente de FUNAM, Raúl Montenegro, fue categórico al analizar los motivos detrás de estas modificaciones. "Lo que empuja la ley de glaciares son las visitas de una empresa que está relacionada con la producción de cobre de dos megas mineras, una de Canadá y otra del Reino Unido," afirmó Montenegro.
El especialista vinculó directamente la iniciativa oficial con presiones corporativas: "Todas estas modificaciones responden a los intereses de Vicuña Corporation para que puedan asentarse no esta mina sino cualquiera en lugares donde hoy por ley no pueden". Además, criticó la postura del Presidente: "Se le suma la profunda ignorancia que tiene Javier Milei en estos temas y la capacidad que tiene de sacarles obstáculos a estas empresas internacionales."
Montenegro también lamentó la actitud de un sector de diputados y senadores, "Lamentablemente hay un sector importante que en lugar de representar los intereses de las personas representa los intereses de Javier Milei. Entonces la Cámara de Diputados, que debería defender los derechos de las personas, no lo hace.”
Audiencia Pública Histórica y "Mecanismos Amañados"
El biólogo reveló la intención del Poder Ejecutivo de lograr una aprobación "muy rápida" de los cambios en Diputados. Sin embargo, destacó la resistencia de legisladores comprometidos: "Afortunadamente hay algunos diputados que representan los intereses de la comunidad y gracias a eso se obligó a la Cámara de Diputados que convoquen una audiencia pública, y fue histórico porque se inscribieron más de cien mil personas."
A pesar de la masiva inscripción, Montenegro denunció maniobras para limitar la participación: "Ante esto, en lugar de ajustarse al clamor popular, generaron todo un mecanismo amañado para que solo pueda participar un pequeño grupo y lo mismo pasó con la participación virtual."
Finalmente, el presidente de FUNAM advirtió sobre las consecuencias legales en caso de una eventual aprobación: "Si la ley se aprueba, automáticamente se judicializa porque hay muchas cosas en juego, como las economías regionales, la conservación de estas cajas de ahorro de agua que son milenarias."
