JUAN JOSÉ PÉREZ: "UN MEDICAMENTO NO ES UNA MERCANCÍA MÁS"
El presidente de la Delegación 6 del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba cuestionó los cambios introducidos por el DNU 70/2023 en la regulación de la actividad farmacéutica.
Advirtió sobre los riesgos de vender medicamentos fuera de las farmacias y sin la intervención de profesionales, y reclamó que el Congreso rechace definitivamente esas disposiciones.
Juan José Pérez, presidente de la Delegación 6 del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, dialogó con Radio Verdad para expresar su preocupación por los alcances del DNU 70/2023, que modificó aspectos de la Ley Nacional 17.565, regulatoria del ejercicio de la actividad farmacéutica.
El referente del sector cuestionó especialmente las disposiciones relacionadas con la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y la posibilidad de dispensarlos sin la presencia de un profesional farmacéutico. En ese sentido, sostuvo que los medicamentos no pueden ser tratados como cualquier otro producto comercial, debido a los riesgos que implica su manipulación, conservación y utilización inadecuada.
“Cuando hablamos de medicamentos y se los quiere llevar a una condición mercantilista, como una mercancía más, estamos cometiendo un error. Un medicamento no solamente es un bien social, sino que, manipulado por manos que no tienen el conocimiento necesario ni el criterio sanitario, puede hacer mucho daño”, advirtió.
Pérez remarcó que la actividad farmacéutica requiere formación profesional, controles específicos y condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los pacientes. Por eso, consideró que cualquier modificación normativa debe priorizar la salud pública por encima de los criterios de rentabilidad comercial.
Uno de los principales cuestionamientos del dirigente farmacéutico se relaciona con la posibilidad de comercializar medicamentos en establecimientos que no cuentan con las condiciones sanitarias exigidas a una farmacia.
Pérez explicó que una farmacia habilitada no es simplemente un local que vende medicamentos, sino un establecimiento sujeto a requisitos específicos de almacenamiento, conservación, organización y control de los productos.
“Una farmacia tiene toda una disposición especial: cómo cuidar los medicamentos, dónde se van a almacenar, cuál es el sector de atención al público, cuáles son los depósitos y las condiciones de conservación de la medicación”, detalló.
En esa línea, alertó que la venta fuera de esos establecimientos podría dificultar la trazabilidad de los productos y el control sobre su procedencia y conservación.
El presidente de la Delegación 6 también advirtió sobre los riesgos vinculados al mercado ilegal de medicamentos, donde pueden circular productos falsificados, robados, adulterados o conservados de manera inadecuada.
Según sostuvo, la presencia de un profesional responsable permite identificar problemas y responder ante eventuales irregularidades. En cambio, cuestionó qué sucedería en un esquema de comercialización en el que no exista una persona con responsabilidad sanitaria directa.
“En una farmacia hay un responsable. Si pasa un problema, el responsable es el farmacéutico, el director técnico de esa farmacia. En una situación como esta, nadie se hace cargo”, señaló.
“La venta libre no significa que se pueda vender en cualquier lugar”
Otro de los puntos que Pérez consideró centrales es la confusión que, según explicó, existe en torno a los medicamentos de venta libre.
El profesional aclaró que la clasificación de un medicamento como de venta libre significa que puede adquirirse sin una receta médica, pero no elimina la necesidad de contar con asesoramiento farmacéutico.
“Existe en la sociedad un concepto equivocado sobre lo que es un medicamento de venta libre: lo asocian automáticamente a la libre venta, es decir, que se venda en un kiosco o en una tienda común y corriente. Y no podemos permitir eso”, afirmó.
Para el dirigente, esta distinción resulta fundamental, porque incluso los medicamentos que no requieren prescripción pueden provocar efectos adversos, presentar contraindicaciones o generar complicaciones cuando se utilizan de manera incorrecta.
Por ese motivo, defendió el rol del farmacéutico como profesional sanitario capacitado para orientar a los pacientes y contribuir al uso responsable de los medicamentos.
Pérez también cuestionó la posibilidad de que las droguerías, que habitualmente funcionan como proveedoras de las farmacias, puedan vender directamente al público bajo las disposiciones cuestionadas.
“Imagínate qué farmacia podría subsistir con una droguería que abre una ventanilla, una puerta y entrega medicamentos al público”, planteó.
A su entender, ese esquema generaría una competencia desigual para las farmacias y, además, abriría interrogantes sobre los controles y las condiciones en que se dispensarán los productos.
Córdoba ratificó la legislación provincial
Pérez recordó que la Legislatura de Córdoba ratificó en febrero de 2024 la vigencia de la Ley Provincial 8302, vinculada a la regulación de la actividad farmacéutica en el territorio cordobés.
Según destacó, la decisión contó con 69 votos favorables sobre un total de 70 legisladores, en una señal de respaldo a las competencias provinciales para regular cuestiones sanitarias.
“Para nosotros, en ese momento, fue algo muy bueno. Las provincias tienen autonomía para legislar en materia sanitaria y la Legislatura ratificó la vigencia de la ley y la potestad de regular todos los aspectos sanitarios”, explicó.
Pérez sostuvo que esa ratificación constituye una herramienta fundamental para defender el marco regulatorio provincial frente a las modificaciones introducidas por el decreto nacional.
No obstante, aclaró que la existencia de esa normativa no elimina la preocupación del sector por la vigencia del DNU en el ámbito nacional y por la necesidad de alcanzar una definición definitiva sobre los artículos cuestionados.
La Justicia y el reclamo ante el Congreso
El titular de la Delegación 6 explicó que las entidades farmacéuticas también recurrieron a la Justicia para cuestionar las disposiciones del decreto.
En ese sentido, mencionó las presentaciones impulsadas por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), junto con otras organizaciones del sector, entre ellas la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA).
De acuerdo con lo señalado por Pérez, esas acciones judiciales consiguieron la suspensión cautelar de los artículos 313 al 325 del DNU, vinculados con los cambios que el sector considera perjudiciales para el ejercicio profesional. La medida, indicó, se mantiene a la espera de una resolución definitiva.
Sin embargo, advirtió que depender de decisiones cautelares genera incertidumbre y no ofrece una solución permanente.
“No podemos estar cada seis meses pidiendo una cautelar o recurriendo para tal o cual cosa para protegernos de un DNU”, manifestó.
El dirigente reconoció que los decretos de necesidad y urgencia pueden responder a situaciones excepcionales, pero consideró que las modificaciones que afectan directamente a la salud de la población requieren un debate legislativo amplio.
“La materia sanitaria, la salud de las personas, no es para regularla con un DNU. Tiene que haber un debate, una maduración y realmente existir una causa para modificar semejante ley, que es una ley ejemplar”, sostuvo.
El pedido a los diputados: rechazar definitivamente el DNU
Pérez hizo un llamado a los legisladores nacionales para que avancen con el rechazo definitivo de las disposiciones cuestionadas.
El farmacéutico señaló que el sector necesita una respuesta institucional que permita terminar con la incertidumbre normativa y preservar las condiciones de seguridad en la dispensación de medicamentos.
En particular, pidió a los diputados que garanticen el quórum necesario para debatir el tema y que acompañen el rechazo del decreto, en línea con el reclamo que, según expresó, ya había sido planteado en el Senado.
“Necesitamos que ese DNU definitivamente deje de existir. Por eso pedimos a todos, pedimos a los diputados que den el quórum y que también se rechace ese DNU”, concluyó.
De esta manera, el Colegio de Farmacéuticos vuelve a poner en discusión el impacto de los cambios regulatorios sobre el funcionamiento de las farmacias, el acceso a los medicamentos y la seguridad de los pacientes. Para Pérez, la cuestión central no es solamente comercial, sino sanitaria: garantizar que la dispensación de medicamentos se realice bajo condiciones adecuadas, con controles y con la intervención de profesionales capacitados.
